Pese a que el Ministerio se comprometió, en el proceso de desjudicialización del Registro Civil, a que el mismo continuara siendo un servicio público y gratuito y a que permaneciera dentro de la Administración de Justicia, servido por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la misma, y mantiendo las oficinas y demarcaciones territoriales actuales, la última propuesta de reforma de la Ley 20/2011, del Registro Civil, presentada por el Ministerio no cumple con lo pactado.
Así, conforme a dicha propuesta, se confirma el modelo organizativo apuntado en la referida Ley de 2011, si bien serán el Ministerio de Justicia y las CCAA transferidas las que, dentro de sus respectivos ámbitos, determinen el diseño, creación y organización de las Oficinas Generales del Registro Civil.
Si bien la propuesta recoge algunas de las principales reivindicaciones que todas las organizaciones sindicales hemos reiterado durante los últimos años, como es la permanencia del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido con caracter de exclusividad por los cuerpos de funcioanarios al servicio de la misma (con la salvedad de que el encargado ahora será un Letrado de la AJ), el nuevo modelo organizativo desarrollado en la propuesta pone en peligro la pervivencia de la estructura territorial de los Registros Civiles que actualmente está en funcionamiento, garantizando únicamente la creación de una Oficina Central y una Oficina General en cada Comunidad Autónoma, con la posibilidad de crear otra por cada 500.000 habitantes y también otras oficinas generales por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio. Asimismo, los Juzgados de Paz mantendrán sus actuales funciones de Registro Civil en tanto se implante definitivamente la nueva aplicación informática de folio único.
Todo lo anterior implica dejar en las manos del Ministerio y las CCAA transferidas la decisión de las oficinas registrales que existirán en sus respectivos ámbitos, convirtiendo a los Juzgados de Paz en meras oficinas auxiliares que asumirían la recepción y traslado de solicitudes y documentación a la oficina correspondiente.
Desde USIPA manifestamos nuestra firme oposición a este nuevo modelo organizativo, reiterando la necesidad de que el Registro Civil mantenga su actual estructura territorial, con oficinas en todos los partidos judiciales y el mantenimiento de las competencias de los Juzgados de Paz, y defendiendo la conservación de todos los puestos de trabajo servidos por funcionarios de Justicia que actualmente prestan este servicio público esencial.
